En el portal La política on line, el periodista Ramundo riva palacio escribe que, Las amenazas de Donald Trump terminaron hincando al gobierno mexicano como no se recuerda en la memoria. En una sola mañana, México expulsó a Estados Unidos el jueves a 29 narcotraficantes de alto nivel, tres veces más que el máximo histórico de 10 en diciembre de 2008, como una ofrenda al jefe de la Casa Blanca, casi súplica, para que vea que están atendiendo su ultimátum de combatir al crimen organizado y el tráfico de fentanilo, y que no imponga aranceles el 4 de marzo.
La decisión pareció un acto desesperado, pues de sufrir aranceles a sus productos, la economía mexicana entraría en recesión y no habría dinero para seguir inyectando a los programas sociales, de lo que depende en buena medida la viabilidad del régimen. Sin embargo, hay indicios que la decisión tuvo incentivos superiores al ámbito comercial y la gobernabilidad de Morena.
Solo algo así podría explicar la urgencia de la acción mexicana, que hizo estallar por los aires los procedimientos legales de extradición y aniquilar la defensa del amparo. El gobierno mexicano no los extraditó, aunque había peticiones de ellos, incluso de casi 40 años sobre Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del extinto Cártel de Guadalajara, a quien Estados Unidos acusa de haber ordenado el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985. Caro Quintero había recibido un nuevo amparo contra la extradición el fin de semana pasado. El gobierno mexicano, como informó oficialmente, solo los “trasladó”.
Trasladar no es extraditar, lo que deja abierta la posibilidad de que Caro Quintero y quizás otros criminales enfrenten la pena de muerte. De haber sido extraditados, eso no habría sido posible de acuerdo con el tratado suscrito por ambos países. No hubo proceso de extradición porque no había tiempo.
En la larga lista de criminales enviados a Estados Unidos hay dos en específico que tienen mensajes políticos. Uno es Caro Quintero, que el expresidente Andrés López Obrador se negó a extraditar, y que en la investigación del asesinato de Camarena Salazar fue ligado a Manuel Bartlett, en ese entonces secretario de Gobernación, cercano a López Obrador y alto funcionario de su gobierno, y al que la DEA imputó como cómplice del Cártel de Guadalajara.
El otro es José Ángel Cannobio, operador financiero de la facción de Los Chapitos, que están luchando por el control del Cártel de Sinaloa, con quienes el exlíder de esa organización, Ismael “El Mayo” Zambada, vinculó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo que ante la petición de ese país, lo discutieron y resolvieron entregárselos en cuestión de horas. El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, dijo que fue una decisión del gabinete de seguridad en donde la presidente Claudia Sheinbaum no intervino. Las dos posiciones no pasan la prueba del ácido.
En Washington, la procuradora Pam Bondi, dio unas pinceladas sobre lo que entregó México, que durante el gobierno de López Obrador, dijo, se negó. Fue una acción tomada en cumplimiento de las órdenes ejecutivas de Trump y de la declaratoria de terroristas de los cárteles de las drogas. Ni una línea de reconocimiento de México. Ni una palabra sobre colaboración. La amenaza de Trump fue unilateral y la respuesta de México igual. Pero no basta. Y la presidenta lo sabe. Ya se lo dijeron.
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